La crisis política postelectoral de Perú (o las acusaciones de fraude electoral) ocurrió dentro del contexto de las elecciones generales de 2026. Se desencadenó a partir de problemas logísticos y en el recuento de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima Metropolitana, por lo que causó cuestionamientos institucionales como la renuncia del jefe de la ONPE y denuncias de presunto fraude electoral por parte del partido Renovación Popular. Finalmente, los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial, con el pase a segunda vuelta de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, fueron proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones el domingo 17 de mayo de 2026.

El 11 de abril de 2026, se desató la crisis debido a que la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. no entregó el material electoral a los locales de votación de Lima, debido a presuntas fallas logísticas de la ONPE. A este problema se sumaron otros, como la presunta negligencia en la custodia del material electoral en Lima y otras ciudades del Perú. La Contraloría estimó que hubo 43 retrasos en la distribución de materiales. Algunos altos cargos de la institución electoral fueron investigados por estas irregularidades, mientras que su máximo representante, Piero Corvetto, no emitía declaraciones públicas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral del país, reconoció la gravedad de la situación y señaló que la ONPE no cumplió con gestionar el material electoral a tiempo. Posteriormente, los magistrados del JNE evaluaron la posibilidad de realizar elecciones complementarias en las zonas afectadas, aunque la propuesta fue descartada tras su decisión.

La crisis implicó acusaciones de fraude electoral por parte del candidato derechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, así como la convocatoria de movilizaciones. Según sus declaraciones, el presunto fraude habría tenido como objetivo favorecer al izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, para que pasara a segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Sin embargo, dichas acusaciones requerían de pruebas de intencionalidad y manipulación sistémica, las cuales no fueron demostradas y fueron descartadas por observadores internacionales, la Asociación Civil Transparencia y la Organización de los Estados Americanos.

Los gremios mostraron posturas divididas ante las acusaciones: mientras la Cámara de Comercio de Lima las apoyaba, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) respaldó una auditoría, pero desmintió haber encontrado evidencias de fraude.

La municipalidad de Lima respaldaba la celebración de mítines proselitistas de López Aliaga en la Plaza Naval, mientras impedía que su rival Roberto Sánchez hiciera lo mismo. Las acusaciones de fraude no pasaron de Lima y tuvieron poca acogida en ciudades como Puno, Trujillo y Arequipa. Tras la proclamación de Fujimori y Sánchez en la segunda vuelta por parte del JNE, Rafael López Aliaga animó a votar a Fujimori en lugar de votar en blanco. Desde entonces, López Aliaga afirmó que no hay indicios de irregularidades en la segunda vuelta, aunque Renovación Popular insistió en que hiciera una denuncia ante una comisión congresal. López Aliaga fue investigado por el Ministerio Público por mensajes intimidatorios contra Piero Corvetto.

En junio de 2026 se produjo una nueva manifestación similar cuando Roberto Sánchez incitó a sus simpatizantes a defender su voto ante un presunto «fraude». Las marchas se llevaron a cabo a pesar de la negativa del Ministerio del Interior. Las marchas se llevaron a cabo a pesar de la negativa del Ministerio del Interior. Personas allegadas a Sánchez intentaron anular a Keiko Fujimori, quien ganó la segunda vuelta, ante el Poder Judicial. El tribunal optó por rechazar la demanda por falta de pruebas.

Contexto

thumb|derecha|miniaturaimagen|Lista de candidatos en las elecciones generales. El 25 de marzo de 2025, la presidenta Dina Boluarte convocó a elecciones generales para el día 12 de abril de 2026. El 30 de enero de 2026 se realizaron los sorteos para los miembros de mesa. Para las elecciones, se presentaron 36 partidos políticos, aunque la muerte en un accidente del candidato Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, hizo que se anulara su fórmula presidencial. El portal Wayka afirmaba que los votos de Lima y del resto de regiones eran divergentes: los de Lima estaban ligados a la derecha conservadora, mientras que los del resto de regiones habían buscado alternativas políticas.

El elemento crítico de las elecciones fue el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien garantizó que los comicios serían transparentes y que «no hay posibilidad alguna de que se pueda concretar un fraude». Algunas figuras políticas de derecha, como Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Martha Chávez de Fuerza Popular, aseguraban que las elecciones terminarían siendo fraudulentas; mientras que Jaime Quito de Juntos por el Perú consideraba a la ONPE un «árbitro electoral» para respetar el voto rural. Alexandra Ampuero, del portal El Foco, afirmó que medios de comunicación como El Comercio, Willax Televisión y Panamericana Televisión iban contra Corvetto y la labor de la ONPE en las elecciones. Según su editorial, El Comercio no solo fomentaba la denuncia de irregularidades, sino que también «pidió unidad y responsabilidad frente al grave riesgo que enfrenta el país con más firmeza que nunca», es decir, a Roberto Sánchez. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó que de un análisis a los medios tradicionales del sector privado (entiéndase como América TV, Latina TV, ATV, Panamericana TV, Willax TV, Grupo El Comercio y Grupo La República), algunos medios de derecha difundieron a narrativas de fraude.

El día de las elecciones, el 12 de abril, la ONPE estaba obligada por ley a garantizar el material para todas las mesas electorales del país, sin obstáculos que impidieran o distorsionaran la voluntad popular. No existía una norma para aplazar o prorrogar las elecciones, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) afirmaba tener la potestad para hacerlo. Cuando cerraron casi todas las mesas, las dos empresas encuestadoras ofrecían dos escenarios diferentes en sus conteos rápidos: Datum (encuestadora de El Comercio) creía que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga pasarían a la segunda vuelta, mientras que Ipsos (de Perú 21) creía que pasarían Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ipsos acertó el resultado y Datum no. Datum aseguró que existía un margen de error, pero reconoció que hubo «una distorsión» en los valores computados entre Lima y otros departamentos. En una encuesta posterior de Ipsos, el de los 1200 peruanos encuestados consideró que la votación «fue normal y sin mayores problemas», mientras que el estimó que hubo «muchas irregularidades, con riesgo de fraude» y el consideró que hubo «algunas irregularidades, pero nada grave».

Más de una semana después de las elecciones, el 20 de abril, comenzó oficialmente el recuento de votos en las mesas de Junín, Piura, Ica, Arequipa y Lima, debido a las quejas presentadas en las actas electorales. Realizado de forma virtual, se trató del primer recuento en la historia de los procesos electorales en ampararse en la Ley N.º 32299, que permite reabrir el sobre de las cédulas de votación en caso de que no sea posible subsanar una acta observada, cuando anteriormente las cédulas eran destruidas.En Lima, el reconteo solo se aplicó a 146 mesas para votos. El JNE estableció que el recuento se grabaría en video y que tendría una fecha límite, el 7 de mayo. Delia Espinoza señaló que, durante este proceso, las máximas autoridades del JNE y la ONPE contaban con un «candado» legal que protegía la destitución y así garantizar la estabilidad institucional ante las presiones mediáticas.

El analista Mauricio Saravia señaló que Rafael López Aliaga ha sido una figura fuerte en Lima, ya que «en sus discursos y acciones ha despreciado sistemáticamente a las regiones y siempre ha tachado a sus habitantes de ignorantes e incapaces». Por su parte, el analista político Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, advertía que la polarización ocurrida en la crisis postelectoral de 2021 se repetiría si Fujimori y Sánchez pasaban a la segunda vuelta. El psicólogo Carlos Bromley afirmó que en el país se vive un clima social que genera ansiedad y que la ciudadanía tiende a incrementar sus niveles de estrés «al no poder planificar nada ante el futuro político incierto».

El experto José Tello señaló que, si el Congreso tiene una composición proporcional con representantes de diferentes espectros políticos, no conseguirá destituir a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Tello indicó que se necesitan 41 votos del Senado para destituir a cualquiera de los dos posibles presidentes.

Teoría conspirativa del fraude de 2021

Fallas logísticas y origen de la crisis miniaturadeimagen|Local de votación en el horario ampliado de 5 a 6 p. m. Al comienzo de la jornada electoral del 12 de abril, se detectaron casos de retrasos en la apertura de las mesas de sufragio, lo que originó largas colas y malestar ciudadano. Se esperaba que el proceso electoral comenzara a las (UTC-5) en todas las mesas del país. Se reportaron retrasos en la instalación de mesas de sufragio en seis distritos de Lima Metropolitana. Ante los reclamos, la ONPE emitió un comunicado señalando que la empresa responsable de trasladar el material electoral, Galaga, no había cumplido con el contrato y que esta empresa no contaba con los vehículos necesarios. Se informó que 75 locales habían sido afectados por la demora. El vocero de la ONPE, Juan Heredia, señaló que las mesas debían instalarse hasta el mediodía y que las votaciones culminaban a las 5 de la tarde.

A causa de la continuidad de la demora, a JNE anunció, por acuerdo en pleno, la ampliación del horario de instalación de las mesas hasta las 2 de la tarde y del horario de votación y mencionó que alrededor del 30% de mesas a nivel nacional no habían sido instaladas. La ONPE anunció la ampliación de la instalación de las mesas hasta las 2 de la tarde y la culminación del sufragio a las 6. A pesar de la ampliación del horario, la ONPE informó que se logró instalar un 99,8% del total pero que no se lograron abrir 211 mesas correspondientes a 15 locales de votación ubicados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, lo que causó que más de 63 mil votantes no pudieran sufragar.Posteriormente, se detalló que en realidad eran 52 mil los votantes que no pudieron votar.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado instando al JNE la ampliación de las elecciones para los afectados el 13 de abril, detallando que los votantes eran un 0,2% del total. Tras ello, el pleno del JNE anunció la ampliación de las elecciones para los afectados para el 13 de abril, incluyéndose dos circunscripciones en el extranjero como lo eran en Patterson y Orlando. Roberto Burneo, jefe de la JNE, declaró que era una medida ante las deficiencias presentadas. Para las elecciones del 13 de abril, se reportaron retrasos y el traslado del material electoral mediante taxis por aplicativo. Al concluir ese día, los votantes solían elegir con creces al candidato Jorge Nieto.