La Junta Técnica del Estado fue uno de los varios organismos político-administrativos creados por el general Franco en octubre de 1936 tras su nombramiento como jefe de gobierno de la España rebelde durante la guerra civil española. Fue una de las principales instituciones que configuraron la primera organización gubernamental creada por Franco. Aunque estaba dividida en comisiones sectoriales, no fue un auténtico gobierno y estuvo compuesta por personalidades con escasa relevancia política. Fue presidida sucesivamente por los generales Dávila y Jordana. Desapareció con la creación en febrero de 1938 del primer gobierno de Franco propiamente dicho.
Contexto
Tras el fallecimiento en accidente aéreo del líder de la sublevación militar, el general Sanjurjo, los generales Mola y Cabanellas crearon el 25 de julio de 1936 una Junta de Defensa Nacional encabezada por el segundo que se ocuparía tanto de dirigir las operaciones militares como de encabezar políticamente el movimiento rebelde.. El general de división Miguel Cabanellas Ferrer fue designado presidente por ser el general de división más antiguo entre los militares sublevados.
La Junta asumió durante un plazo y de forma colegiada «todos los Poderes del Estado» en el territorio controlado por los golpistas, y autodenominado como zona nacional.
Sin embargo, pronto surgieron movimientos partidarios de centralizar el mando.
El generalísimo
Como resultado, el 30 de septiembre de 1936 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España el Decreto n.º 138 que nombraba al general Franco generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado.
El 1 de octubre Franco tomó posesión oficialmente de sus cargos. Aunque solo había sido nombrado jefe de gobierno, todos los medios oficiales hablaron desde el principio de «jefe del Estado», aumentando así su poder. Su mayor prioridad era alcanzar la victoria militar y no tenía prisa en formar un auténtico gobierno. Por ello se contentó con crear un organismo más técnico que político —la Junta Técnica del Estado— y apoyarse en su hermano Nicolás al que nombró secretario general del jefe del Estado. El 2 de octubre el rebautizado como Boletín Oficial del Estado publicó la ley que creaba este y otros organismos. El preámbulo de dicha norma revela el talante de la misma:La temporalidad de la nueva organización quedaba de manifiesto al añadir:Tanto la terminología como la provisionalidad de la institución son propias del lenguaje castrense, que busca la creación de una especie de intendencia de retaguardia que solucionase los problemas más inmediatos, pero supeditada al objetivo fundamental que es obtener la victoria militar. La nueva Junta no era un auténtico gobierno. Probablemente se consideraba que sería un instrumento de apoyo civil a los militares hasta el final de la guerra, que entonces se preveía próximo.
Estructura
La Junta fue organizada de la siguiente manera:
CargoNombreInicioFinPresidenteFidel Dávila ArrondoFrancisco Gómez-Jordana Sousa2-10-19363-6-19373-6-193730-1-1938Comisión de JusticiaJosé Cortés López2-10-193630-1-1938Comisión de HaciendaAndrés Amado y Reygondaud de Villebardet2-10-193630-1-1938Comisión de Industria, Comercio y AbastosJoaquín Bau Nolla2-10-193630-1-1938Comisión de Agricultura y Trabajo AgrícolaEufemio Olmedo Ortega2-10-193630-1-1938Comisión de TrabajoAlejandro Gallo Artacho2-10-193630-1-1938Comisión de Cultura y EnseñanzaJosé María Pemán y Pemartín2-10-193630-1-1938Comisión de Obras Públicas y ComunicacionesMauro Serret y Mirete2-10-193630-1-1938
140px|thumb|Franco era la instancia suprema y todas las propuestas debían remitirse a su Secretaría general.
La estructura de la Junta recuerda al Directorio militar de Primo de Rivera, con la creación de siete comisiones sustitutivas de los ministerios y similares a las ponencias de aquel. También recuerda a la Dictadura la voluntad de que dichos organismos no tengan carácter político y el «arbitrismo». La sede principal de la Junta estaba en Burgos. Aunque su composición en comisiones recordaba a un incipiente consejo de ministros, estaba formada por personalidades de segundo orden que se encargaban principalmente de funciones administrativas rutinarias.
Puesto que Franco era la instancia suprema para todos los temas, todos los organismos debían enviar a la Secretaría General del Jefe del Estado los antecedentes de los asuntos que debieran ser aprobados por el Caudillo para «facilitar al jefe del Estado su despacho y conocimiento». De esta forma, la Secretaría era un organismo clave para el ejercicio del poder por el que debían pasar todas las normas jurídicas y, aunque Dávila presidiese la Junta, el verdadero poder estaba en las manos de Nicolás Franco.
En consecuencia, a los tres meses del golpe de Estado, la España rebelde mostraba la apariencia de ser un Estado nuevo en el que todas las tendencias colaboraban en un proceso de centralización, unidad y eficacia, a diferencia de la división y el derroche de recursos presentes en el bando republicano. El posterior año 1937 sería difícil en el plano militar pero de gran consolidación del poder político del neófito dictador.
Presidencia
La Junta estaba encabezada por un presidente encargado no solo de dirigir a la institución, sino también de servir de canal de comunicación con el jefe del Estado. Este último era quien tenía la última decisión en todos los aspectos. Según las normas de funcionamiento de la Junta, publicadas el 6 de octubre, debía despachar al menos una vez por semana con los presidentes de las comisiones. El presidente de la Junta se comunicaría con el Caudillo mediante despachos directos, si bien también podía delegar esta función en otras personas.
El presidente fue en todo momento un militar, decisión que marcaba una clara tendencia de Franco a apoyarse políticamente en subordinados suyos. El elegido inicialmente fue Fidel Dávila, general de brigada que, al mismo tiempo, fue nombrado jefe del Estado Mayor. Fue el único miembro de la cesada Junta de Defensa Nacional que siguió desempeñando un cargo en la nueva administración. Dávila tiene entre algunos historiadores imagen de burócrata, pero lo cierto es que había combatido en las guerras de Cuba y de Marruecos, donde había demostrado su capacidad. Tenía una cierta significación monárquica pero era, ante todo, un militar profesional. De estatura aun inferior a la de Franco, era, según el almirante Cervera, «puro, austero y español» y mantenía un catolicismo monárquico similar al de Mola.
Comisiones
Comisión de Hacienda
Estaba principalmente compuesta por militares, si bien fue presidida por Andrés Amado, un monárquico alfonsino cuya experiencia dotaba al órgano de un carácter algo más político. Se trataba de un experto en finanzas que había colaborado con Calvo Sotelo durante la dictadura. Según los escritos dejados por Franco, Amado se opuso al mantenimiento de la cotización de la peseta. Sin embargo, el caudillo insistió en la necesidad de mantener alto su valor. Aunque su doctrina fuera heterodoxa desde el punto de vista económico, la decisión de Franco resultó políticamente oportuna, pues contribuyó a que los precios se mantuvieran estables durante todo el período. La competencia técnica de Amado ayudó a que la situación económica mejorara en la segunda mitad de 1937.
Comisión de Justicia
Fue presidida por el hasta entonces presidente de sala de la Audiencia de Las Palmas José Cortés y tenía una composición exclusivamente técnica. Su sede estaba en Burgos. Su principal cometido era revisar la legislación entonces vigente para eliminar aquella que se juzgara incompatible con el «Nuevo Estado». También debía facilitar una transición desde el absoluto imperio de la jurisdicción militar a otra ordinaria.
Comisión de Industria, Comercio y Abastos
Su presidencia fue encomendada a Joaquín Bau, un monárquico tradicionalista que también había sido colaborador de Calvo Sotelo cuando este había dirigido el Ministerio de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. Una de las funciones de la comisión fue contribuir al aprovisionamiento del Ejército. Bau fue el catalán que ocupó el más alto cargo político en este período. En cuestiones económicas era de ideas liberales y se oponía al intervencionismo estatal. Al igual que en el caso de Amado, su pericia contribuyó a que la situación económica mejorara en la segunda mitad de 1937. Desempeñó un importante papel en la promulgación del Decreto de 9 de octubre de 1937 que abolía las concesiones mineras hechas con anterioridad e imponía un máximo del 25% de capital extranjero en las compañías propietarias. Dicha norma fue vista por los alemanes como un desafío a sus intereses.
Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola
Según la Ley creadora de la Junta, su función eraEstaba compuesta exclusivamente por ingenieros agrónomos, lo que también le dotaba de un perfil eminentemente técnico. Su presidente fue Eufemio Olmedo. En el otoño de 1936 estableció una prohibición de sacrificar animales fuera de los mataderos municipales.
Comisión de Trabajo
La Ley decía que eraPresidida por Alejandro Gallo Artacho, su sede estaba en Burgos.
Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones
Según la LeyPresidida por Mauro Serret, estaba compuesta por ingenieros funcionarios del Estado, por lo que tampoco tenía un perfil político.
Comisión de Cultura y Enseñanza
140px|thumb|Enrique Suñer, vicepresidente y hombre fuerte de la Comisión de Cultura y Enseñanza.
Era, sin duda, la que tenía una composición más netamente política. Estaba presidida por José María Pemán, pero su desinterés por el trabajo burocrático hizo que el peso de la dirección lo llevara el vicepresidente Enrique Suñer. Eran vocales Eugenio Montes, Vegas Latapié, Mariano Puigdollers y Alfonso García Valdecasas. Había un predominio de antiguos colaboradores de Acción Española, y sus relaciones con los falangistas no eran buenas.
Se implantó una fuerte censura, se persiguió la pornografía y se hicieron quemas públicas de libros. Pero la actividad más destacada de la comisión fue la purga del personal docente. Para realizarla, se evaluaban las ideas y comportamientos políticos, pero también las ideas religiosas, la metodología profesional empleada y la propia vida privada de los profesores. Para ello, se basaban en informes de los párrocos, alcaldes, Guardia Civil, padres de familia solventes, organismos militares y, tras la Unificación, de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. La Comisión tomaba la última decisión, sin posibilidad de recurso.
Otros
El 19 de noviembre de 1936 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un reglamento de la Junta que creó una secretaría del presidente y una oficialía mayor.
Características
El predominio de los militares en los principales puestos era muy marcado. Dávila y luego Jordana eran militares de carrera. Por el contrario, los miembros de las comisiones sí fueron mayoritariamente civiles. Ello recordaba en gran medida al Directorio militar de Primo de Rivera. Por muy provisional que fuera, el régimen instituido era esencialmente militar. No solo el generalísimo Franco era jefe del Estado y cúspide del poder; también eran militares el presidente de la Junta Técnica, el secretario de Guerra, el gobernador general y el secretario general del jefe del Estado. De ahí esa pretensión de prescindir del componente ideológico, así como el tono cuartelero de las disposiciones normativas dictadas. Es significativo que una de las primeras normas de la Junta consistiera en el restablecimiento de los tribunales de honor dentro del Ejército, que habían sido suprimidos por la reforma militar de Azaña. También puede considerarse de origen militar la temprana adopción de medidas destinadas a depurar a los disidentes. Un decreto-ley de 9 de diciembre de 1936 reguló la depuración del funcionariado. Este carácter predominantemente militar sería señalado años después por Ramón Serrano Súñer con estas palabras: