Las víctimas de las organizaciones guerrilleras en Argentina en los años setenta son personas ―en su mayoría efectivos militares y policiales― asesinadas en enfrentamientos o en cautiverio, secuestradas o heridas por las guerrillas (ERP, FAR, Montoneros, FAP y otras organizaciones armadas de izquierda), que pretendían tomar el poder, durante su período de mayor actividad desde fines de los años '70, hasta su práctica disolución a fines de esa década, luego de la violenta represión llevada a cabo por los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez y de la subsiguiente dictadura militar. Los reivindicadores de las víctimas de las organizaciones guerrilleras denominan tal período como "conflicto armado interno de Argentina".
Esas organizaciones tenían carácter irregular tanto durante los gobiernos constitucionales como en los períodos de al , y del al en los cuales el poder era detentado de facto por las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Argentina en carácter de Estado, aunque de facto durante las dictaduras.
Tanto los organismos de derechos humanos como el Poder Judicial de Argentina rechazan la pretensión de asimilar a las víctimas de las organizaciones guerrilleras con las del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura. Fallos judiciales rechazaron los reclamos al Estado de pago de compensaciones formulados por familiares de esas víctimas.
Terminología
El informe Nunca Más dice que las autoridades de la dictadura usaron el término víctimas «de la subversión» con un alcance imprevisible durante la brutal caza de brujas durante el terrorismo de Estado.
En una entrevista para la revista española Cambio 16, el exdictador Jorge Videla señalaba: «El término víctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo». miniaturadeimagen|Masacre de Ezeiza en 1973. Tres años después de las declaraciones de Adolfo Scilingo de los pormenores sobre los “vuelos de la muerte” y del reconocimiento que el general Martín Balza hiciera para pedir disculpas por las torturas y la desapariciones de personas perpetradas por el Ejército, el general Ramón Díaz Bessone publicó tres volúmenes de In Memoriam (1998) que sentaron las bases para el giro de la memoria militar hacia la figura de las «víctimas de la subversión». Según Valentina Salvi, en esa obra, el asesinato de una niña de 4 años, Guillermina Cabrera, hija de un capitán del Ejército, en marzo de 1960, ocupa el lugar protagónico que siempre había ocupado en la memoria militar el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu.
Número y características de las víctimas Por acciones que en su mayoría fueron llevadas a cabo por el ERP las fuentes que han contabilizado las listas más profusas llegan a casi setecientas personas.
Hugo Gambini publicó dos listas que, además de los nombres de «547 militares, marinos y aeronáuticos (oficiales, suboficiales y soldados); personal de policía, gendarmería y de prefectura», contiene los de 230 civiles, «políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla» víctimas de estas organizaciones.
Entre ellas hubo filósofos como Carlos Alberto Sacheri,diario La Prensa, edición del 14 de marzo de 1975 y Jordán Bruno Genta; políticos en actividad como Roberto Mario Uzal, o ya retirados como Arturo Mor Roig; sindicalistas que actuaban en la CGT como José Rucci y Dirck Kloosterman, o que pertenecían a la CGT de los Argentinos como Atilio Santillán. El Ejército Revolucionario del Pueblo en el n° 74 del 10 de abril de 1976 de su órgano oficial Estrella Roja incluyó un "Parte de Guerra" fechado el 22 de marzo de 1976 donde da cuenta que ha asesinado a Atilio Santillán porque: También fueron víctimas empresarios como Víctor Samuelson, Héctor Bartolomé Minetti, Bernardino Llaneza, Carlos Pulenta, Antonio Do Santos Larangueira,Carnovale, Vera: «Las ejecuciones del PRT-ERP», en la revista Lucha Armada en la Argentina, año 3, n.º 8, pág. 4; Buenos Aires, 2007. Francisco Soldati, Manuel Martínez y Ramón Samaniego; empleados como Alberto Abeigon y Ricardo Durán, delegados gremiales como José Pedro Chirino; diplomáticos extranjeros como los cónsules de Paraguay Joaquín Waldemar Sánchez o del Reino Unido Stanley Silvester;Seoane, María: Todo o nada pág. 134 Buenos Aires 1991 Editorial Planeta Argentina S.A. ISBN 950-742-848-8 funcionarios de empresas del Estado como Francisco Schwer (de YPF); funcionarios civiles como Walter Klein (secretario de Coordinación y Programación Económica), su esposa a quienes sufrieron un atentado en su casa de la que salieron con vida, y jueces como Jorge V. Quiroga.
Había víctimas que podían no tener relación con un objetivo principal. En el asesinato del general Cesáreo Ángel Cardozo con una bomba fueron heridas su esposa e hijas; la bomba que mató al comisario Alberto Villar lo hizo con su mujer; en el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié fue muerta a tiros su esposa, al ser asesinado el capitán Humberto Viola, lo fue su hija María Cristina de 3 años, en tanto María Fernanda, de 5, resultó malherida;Carnovale, Vera (2007): «En la mira perretista: las ejecuciones del “largo brazo de la justicia popular”», Jornada Académica: Partidos armados en la Argentina de los setenta, Centro de Estudios de Historia Política, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín, disponible en línea . la esposa de Arturo Gay fue muerta en el asalto al Regimiento de Azul, y Paula ―la hija de 15 años del almirante Armando Lambruschini― murió al estallar una bomba en su domicilio, hecho que cobró la vida de dos vecinos; cuando mataron al general Juan Carlos Sánchez, una bala perdida mató a la señora Cuco de Ayala que atendía un kiosco en esa esquina. Cuando colocaron una bomba en un comedor policial al que no acudían altos oficiales, mataron seis personas que no realizaban tareas policiales y a la visitante Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, casada, con tres hijos, que había ido a comer con una amiga que también murió.
thumb|Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP.
En algunos casos sus asesinatos se produjeron en cautiverio después de haber sido secuestrados, como ocurrió con Pedro Aramburu, Roberto Moisés Echegoyen,Carnovale, Vera: Los combatientes, 1° ed. pág.162. Editorial Siglo XXI Buenos Aires 2011 ISBN 978-987-629-174-3 Jorge Ibarzábal y Oberdan Sallustro. En otros, como el de Argentino Larrabure, murieron en cautiverio en discutidas circunstancias.
Un caso especial fue el de Liliana Sofía Novakovsky, de 25 años, secuestrada en 1972 por las Fuerzas Argentinas de Liberación con la finalidad de obtener fondos.Al no hacerse el pago, la mataron, pero como la organización no había reivindicado el hecho y la joven tenía un antecedente por consumo de drogas, se creyó que no estaban involucrada ninguna organización guerrillera. Con esa convicción su familia enterró el cadáver cuando apareció a los cuatro meses y solo casi 40 años después pudo conocer la verdad a través de uno de los guerrilleros.Bufano, Sergio (2010): «El crimen de Novakovsky», en la revista Lucha armada en la Argentina, anuario 2010; Buenos Aires, 2010.Artículo del 22 de enero de 2011 en el diario Perfil (Buenos Aires).
El 14 de febrero de 1975 fue asesinado por Montoneros el diputado nacional por Santa Fe del Movimiento de Integración y Desarrollo, Hipólito Acuña, mientras estacionaba el auto.
El 8 de diciembre de 1975, cuando explotó un coche bomba frente a la Universidad de Belgrano, que mató a la estudiante Laura Ferrari (18 años). Esta acción no tenía como objetivo el asesinato. Por ello su madre, Lorenza Ferrari, considera que fue un acto de "terrorismo puro".
El 17 de diciembre de 1975 fue asesinado en un atentado el intendente del Partido de General San Martín, Alberto Manuel Campos, según Laura Ehrlich atribuido a Montoneros;Voces y redes del periodismo peronista, 1955-1958 por Laura Ehrlich nota 14 resultaron muertos el Secretario de Hacienda, Carlos Ferrín, el chofer que los trasladaba, Santiago Álvarez, y un empleado municipal.
Acciones de la guerrilla, según Viola miniaturadeimagen|Funeral de Pedro Aramburu, asesinado por los Montoneros en 1970. En la foto, el hijo es acompañado por Alejandro Lanusse. Los siguientes datos fueron dados por la defensa del dictador Roberto Eduardo Viola y la sentencia considera que la atribución de todos los hechos a organizaciones guerrilleras eran "a lo menos, dudosa".
Según la Policía Federal entre 1969 y 1979 hubo 138 hechos delictivos protagonizados por los grupos guerrilleros contra civiles, 9 secuestros y 3 atentados. Según la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 20 homicidios de civiles. Según el Ejército Argentino, entre 1969 y 1979 registraron 21642 acciones de la guerrilla: 8000 atentados explosivos, 1052 atentados incendiarios, 1311 secuestros de artefactos explosivos y 132 secuestros de material incendiario, 2013 intimidaciones con arma, 252 actos contra medios de comunicación social, 1748 secuestros, 1501 asesinatos, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2402 robos de armamentos, 36 robos de explosivos, 111 robos de documentos, 17 robos de uniformes, 19 robos de material de comunicaciones, 73 robos de material sanitario, 151 de materiales diversos, 20 copamientos de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, 22 copamientos de medios de comunicación social, 80 copamientos de fábricas, 5 copamientos de locales de espectáculos públicos, 261 repartos de víveres, 3014 actos de propaganda, 157 izamientos de bandera y 666 actos intimidatorios.Causa n.º 13/84, Equipo Nizkor
Agrupaciones de familiares
Las asociaciones de familiares son señalados en algunos medios como justificadores y reivindicares del terrorismo de Estado. Un sector de allegados a las víctimas se agruparon en la asociación Familiares de Muertos por la Subversión (FAMUS, disuelta en 1991) cuya vocera fue por muchos años Eve Solari de Berdina. FAMUS sostuvo que «la guerra no había terminado», ya que los «asesinos» se convirtieron en «víctimas sacrificadas» y los «héroes» en «prisioneros de guerra». miniaturadeimagen|Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) En 2006, Victoria Villarruel fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y su Víctimas, para agrupar a familiares de quienes padecieron a las organizaciones armadas. Con el objeto de contabilizar, defender y darle voz a las víctimas del terrorismo de izquierda, CELTYVse basa en testimonios de los familiares y propone que otros se acerquen a para reclamar por sus DD.HH. no reconocidos por el Estado.
Cecilia Pando, esposa de Mercado, mayor del Ejército, fundó la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina.AFYAPPA También existe una Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Argentina (AVTA) y la agrupación Argentinos por la Memoria Completa.
Comparación de los delitos de la guerrilla con el terrorismo de Estado
Las agrupaciones de familiares de víctimas consideran que la memoria social sobre la década de 1970 es “parcial”, por eso proponen la Memoria Completa. Este concepto resignifica dos de las consignas históricas levantadas por los organismos de derechos humanos: Memoria y Verdad. De modo de presentar un relato sobre el pasado tanto más verosímil cuanto más claro se refleja y contrapone a la memoria de los desaparecidos y a la lucha de los organismos de derechos humanos.