El caso ERE fue un caso de corrupción política que consistió en el desvío de al menos 679 millones de euros de dinero público de la Junta de Andalucía para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales afines al PSOE. Por la cuantía defraudada, por el número de implicados, por la alta responsabilidad política de los condenados y por la cantidad de juicios a los que ha dado pie está considerado «el mayor caso de corrupción política de España».

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó por estos hechos a 19 cargos políticos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán, a seis años de prisión, y Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Actualmente, el caso se dirige hacia un pleito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que el Tribunal Constitucional, en una decisión sin precedentes, haya tratado de obligar a la Audiencia de Sevilla a dictar una sentencia más benévola con los acusados.

El también llamado escándalo de los ERE en Andalucía, EREscándalo, EREgate, caso del fondo de reptiles u Operación Heracles,¿Por qué se llama operación «Heracles» a la actuación policial en el caso de los ERE? hace referencia al procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). A su vez, UGT está encausado en el denominado caso UGT de Andalucía por la malversación de 680 millones de euros para financiarse ilegalmente, causa que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Sevilla.

De acuerdo con la primera sentencia de esta macrocausa, el fraude realizado en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009 asciende a un total de 680 millones de euros. No obstante, a falta de cuantificar el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011, se estima que dicha cantidad puede alcanzar los mil millones de euros.

La mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusada por delitos de corrupción política. En la década previa al destape del caso, la Junta de Andalucía está acusada de diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A. La patrimonialización de la Junta de Andalucía por parte del PSOE-A llegó hasta el punto de incumplir con la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el proceso judicial, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero. Asimismo, el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz ocultó a la Justicia documentos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convertiría en la agencia pública IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), entre los que figura un convenio firmado en 1999 por el vicepresidente de la empresa Campofrío y el ex director general del IFA, para la concesión de ayudas ilegales y en la que participó la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y exvicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, que prueban el fraude de los ERE.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, en sucesivos informes anuales, ha señalado la ausencia de control en la ejecución del gasto presupuestario por parte de la Junta de Andalucía.Fiscalización de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2001 - 2010 - Cámara de Cuentas de Andalucía. En el informe de 2017 se detecta que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar. De acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en España las administraciones públicas destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas con una «ausencia de planificación estratégica en las políticas públicas», sin coordinación y sin evaluación de la eficiencia del gasto. Los partidos políticos conceden muchas de las líneas de subvenciones a fondo perdido y sin competencia, es decir, a los particulares que ellos quieren. El sindicato más representativo del Cuerpo Técnico de Hacienda de la Administración General del Estado (Gestha), reprocha al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, la falta de medios para controlar el gasto público.

Integrando el grupo de las denominadas macrocausas (Formación, Faffe, Transferencias de financiación, Santana y Avales), el caso ERE está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya instrucción fue inicialmente llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, quien tras ser apartada del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), fue sustituida por la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de «pasividad evidente» ante las prescripciones de los hechos de numerosos ex altos cargos de la Junta de Andalucía,

Por otra parte, la juez Núñez Bolaños acordó el 11 de octubre de 2016 sobreseer el caso Formación, y el 23 de enero de 2017 devolvió a la Junta de Andalucía toda la documentación —18.023 expedientes por importe de 2.896,48 millones de euros correspondientes a ayudas repartidas entre 2002 y 2012—. Sin embargo, en julio de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir el caso.

En junio de 2019, la juez Núñez Bolaños se dio de baja por motivos personales y fue sustituida por el juez José Ignacio Vilaplana Luquero, que se había incorporado como refuerzo del juzgado el 1 de febrero de 2016 y que hasta ese momento se encargaba de los asuntos ordinarios. En julio de 2019, bajo la jefatura de Alejandro Luzón Cánovas, la Fiscalía Anticorrupción denunció a la jueza Núñez Bolaños ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) por dilatar las investigaciones. Al mismo tiempo, su marido, el médico forense Julio Guija Villa, accede a una jefatura en la Junta de Andalucía como cargo de libre designación para dirigir el Instituto de Medicina Legal de Sevilla (que él mismo sugirió crear) con una sustancial subida salarial.

En una entrevista concedida al periódico ABC en 2018, la juez Mercedes Alaya dijo que PSOE y PP votaron en el CGPJ apartarla de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos sumamente graves. Y en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, afirmó lo siguiente: «Tenemos al poder político metido en el poder judicial».

La Junta de Andalucía, que se personó como acusación particular, en su escrito de acusación exculpó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, en julio de 2019 y en una decisión sin precedentes, acusó a María José Rofa, exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo y testigo clave que rebatió la supuesta ignorancia esgrimida por los expresidentes citados, como responsable de un menoscabo de fondos públicos. El nuevo gobierno andaluz ordenó el pago de al menos 924 mil euros a una veintena de procesados en la causa judicial para costear sus defensas.

El 15 de diciembre de 2019, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez intervino financieramente a la Junta de Andalucía por incumplir la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2018, cuando el PSOE-A aún se encontraba al frente del gobierno autonómico presidido por Susana Díaz, cuyas cuentas fueron elaboradas por la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y en la actualidad ministra de Hacienda de España en funciones, María Jesús Montero.

El 16 de julio de 2024 el Tribunal Constitucional anuló las condenas de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El Constitucional ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar otra sentencia en la que rebaje sustancialmente la pena por prevaricación y elimine íntegramente la de malversación, que es la que comportaba cárcel en el caso de José Antonio Griñán. El tribunal tumbó la interpretación de esos delitos que hizo en 2019 la Audiencia sevillana y que ratificó en 2022 el Tribunal Supremo.

Antecedentes En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, ERE, para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE.Griñán mantuvo los ERE falsos para garantizar la "paz social" - Libertad DigitalLa Junta dice que la 'paz social' consiste en 'ayudar a los trabajadores con dificultades' - El Mundo Para lo que creó la partida presupuestaria «31L», aprobada por el Parlamento de Andalucía en los presupuestos de la comunidad autónoma cada año ininterrumpidamente. Esta partida fue dotada con 721 millones de euros hasta el año 2011 y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal,Griñán y Chaves defienden la legalidad del procedimiento para otorgar ayudas - Heraldo de Aragón aunque la oposición del Partido Popular y varios medios de comunicación lo niegan, afirmando que el fondo y la utilización de todo el dinero del que disponía la Junta, es irregular.El gobierno de Griñán mintió y siguió utilizando el fondo de reptiles - Libertad DigitalGuía práctica para no perderse en el laberinto de los ERE

Características La investigación sostiene que existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE puesto que, a cuenta de dicha partida 31L que fue llamada «fondo de reptiles», se concedieron:La Guardia Civil detalla 10 años de descontrol en las ayudas de Empleo - El País Prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas (12,3 millones de euros). Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa (73,8 millones de euros). Comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas (entre 50 y 68 millones de euros).

Asimismo, la juez no descarta el pago de sobornos a cargos políticos de la Junta por parte de los comisionistas.La juez apunta al soborno de altos cargos - El País

Etimología del término fondo de reptiles El que fuera viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre los años 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero Benítez, declaró ante la policía que la partida 31L era utilizada como un «fondo de reptiles». La expresión fondo de reptiles procede de la época de la unificación de Alemania. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse a dicha partida presupuestaria 31L.La Junta gestionaba los ERE como «un fondo de reptiles para crisis» - La Razón También se emplea dicho término para los fondos secretos que la policía emplea, presuntamente, en pagar a delatores.

Casos Mercasevilla