El proceso independentista de Cataluña, más conocido como proceso catalán () o simplemente el procés, fueron un conjunto de hechos sociales y políticos que se desarrollaron desde el año 2012 hasta 2022 en la comunidad autónoma de Cataluña con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña respecto al resto de España.

En diciembre de 2012, el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), y Oriol Junqueras (ERC) firmaron un pacto de gobernabilidad comprometiéndose a la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña. En enero de 2014 el Parlamento de Cataluña solicitó al Congreso de los Diputados la cesión de las competencias para la celebración de un referéndum independentista, solicitud que fue rechazada. En septiembre, el Parlamento catalán aprobó la Ley de consultas de Cataluña, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El 9 de noviembre de 2014 se celebró el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña convocado por el presidente de la Generalidad Artur Mas en contra del Gobierno español y de la ley: con una participación estimada del 37,02%, el 80,76% votó a favor de que Cataluña fuera un Estado independiente. No hubo intervención policial para impedir la celebración de la consulta.

En septiembre de 2015 se celebraron elecciones autonómicas «plebiscitarias» en las que ganó la coalición independentista Junts pel Sí. En septiembre de 2017 el Parlamento catalán aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia convocado por el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La Policía Nacional y la Guardia Civil entraron en algunos colegios electorales para interrumpir la votación y requisaron las urnas, produciéndose escenas violentas, varias de las cuales fueron grabadas y mostradas en los medios de comunicación. Con una participación del 43,03%, el 90,18% votó a favor de la independencia. Además, el Parlamento catalán aprobó la Ley de transitoriedad jurídica para establecer el marco legal transitorio hasta la constitución de la república catalana, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El 27 de octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia, que no fue reconocida por ningún Estado del mundo. Ese mismo día el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy intervino la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y destituyó al presidente Puigdemont.

La intervención de la autonomía catalana terminó cuando, tras la celebración de elecciones autonómicas, Quim Torra fue nombrado presidente de la Generalidad en junio de 2018. Entre febrero y junio de 2019 se celebró el «juicio del procés», cuya sentencia se emitió en octubre del mismo año, condenando a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los líderes del proceso independentista por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El 22 de junio de 2021 estos presos fueron indultados por el gobierno de Pedro Sánchez y fueron excarcelados al día siguiente. En octubre de 2022 se rompió la coalición de gobierno independentista catalana y ERC pasó a gobernar en solitario.Aragonès cierra el Govern de ERC con perfiles de procedencia convergente y socialista La Vanguardia (10/10/2022)

Antecedentes

Estatuto de 1979 y Gobierno de Pujol (1980-2003)

thumb|El presidente del Gobierno José María Aznar y el presidente de la Generalidad Jordi Pujol en 1996

La muerte del general Franco en 1975 marcó el fin de la dictadura y la apertura de un proceso de transición durante el que se celebraron las primeras elecciones democráticas de España en décadas. El proceso de cambio desembocó en la aprobación por las Cortes Generales de una Constitución consensuada por la mayor parte de las fuerzas políticas españolas y, particularmente, de las catalanas. Dicha ley fundamental fue ratificada en 1978 por los españoles en referéndum. En Cataluña, la Constitución fue apoyada por un 91,09 % de los votantes.

Una vez aprobada la Constitución, se tramitó la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El proyecto fue sometido a referéndum en Cataluña en 1979. De todos los partidos con representación parlamentaria, solo el ultraderechista Fuerza Nueva pedía abiertamente el voto negativo con el argumento de que las autonomías acabarían rompiendo la unidad de España. Los demás partidos respondieron que no solo no sucedería tal cosa, sino que se solucionarían los problemas que el centralismo no pudo resolver. El Estatuto recibió el apoyo del 88,15 % de los votantes, siendo la participación del 59,30 %. El nuevo Estatuto, aprobado por las Cortes Generales, contemplaba la existencia de un órgano legislativo, el Parlamento de Cataluña, y otro ejecutivo, el Gobierno de Cataluña, además de otras instituciones. En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña.

El Estado de las autonomías, pese a cierta indefinición constitucional en torno a aspectos como el grado de descentralización asumible por las comunidades o incluso el número de estas, se desarrolló «rápidamente y con notable éxito» desde sus inicios hasta finales del . Al final del periodo se había llegado a un Estado con un importante nivel de devolución de competencias, habiéndose cumplido y sobrepasado la mayoría de los objetivos del catalanismo político de finales del y comienzos del en la cuestión de su relación con el Estado español. Jordi Pujol, del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su federación Convergència i Unió (CiU), defendió el concepto general de «Europa de las regiones» en la medida en que permitía las «naciones sin Estado».

Pujol gobernó Cataluña desde 1980 hasta 2003. Durante esos años, CiU se caracterizó por colaborar a la gobernabilidad de España, apoyando tanto a Adolfo Suárez durante la Transición (siendo Pujol una pieza clave de la construcción de la España de las Autonomías) como al PSOE de Felipe González en 1993 y al Partido Popular de José María Aznar tras las elecciones generales de 1996.

Primer Gobierno tripartito y el nuevo Estatuto (2003-2006)

Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003 pusieron fin a la etapa «pujolista». Se formó un gobierno de coalición tripartito entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall, que puso en marcha la reforma del Estatuto de 1979 con el fin de aumentar el autogobierno de Cataluña.

thumb|230px|El presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero con Artur Mas (CDC) y Duran i Lleida (UDC) en enero de 2006

Numerosos analistas sitúan la corrupción de CiU, partido que había gobernado Cataluña, como detonante del inicio del proceso independentista. Por ejemplo, según Joan Herrera el independentismo se usó para «tapar con la senyera» casos de corrupción como el saqueo del Palau de la Música o las comisiones del Caso 3%. En febrero de 2005, el presidente de la Generalidad Pasqual Maragall denunció en el Parlamento catalán:

En septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, con 120 votos a favor (CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA) y 11 votos en contra (PPC). A continuación la propuesta de reforma fue presentada al Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales introdujeron modificaciones importantes al texto aprobado por el Parlamento de Cataluña a pesar de que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España, se había comprometido a apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña sin alterarlo.

En marzo de 2006 se aprobó una nueva propuesta de Estatuto pactada por CiU y PSOE en las Cortes Generales con los votos favorables de PSOE, CiU, PNV, IU, BNG y CC; los votos en contra de PP, ERC y EA; y la abstención de Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai. Posteriormente, el nuevo Estatuto fue ratificado por el Parlamento de Cataluña, aunque con menos votos que la vez anterior: 97 a favor (CiU, PSC e ICV-EUiA) y 38 en contra (ERC y PPC). ERC pasó a votar en contra al considerar insuficiente el Estatuto después de los recortes por parte de las Cortes Generales de España.

El 18 de junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña. Con un 48,9 % de participación, el Sí obtuvo un 73,2 % y el No un 20,6 %. Según algunos analistas, el nuevo Estatuto perseguía principalmente un aggiornamento del texto anterior que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno catalán y el reconocimiento de «la singularidad» de Cataluña en España.

Segundo Gobierno tripartito (2006-2010) miniaturadeimagen|Manifestación «Som una nació i tenim el dret de decidir» (2006)

Tras la aprobación del nuevo Estatuto pese a la baja participación en el referéndum, el nacionalismo catalán inició entre 2006 y 2010 una «metamorfosis» que le llevaría a defender una salida al bloqueo del modelo territorial fuera del marco de la Constitución española de 1978 y que progresivamente iría siendo asumida por una parte considerable de la ciudadanía catalana. Un cambio reforzado por una movilización popular cada vez más presente.

El primer hito en esa movilización fue la manifestación del 18 de febrero de 2006 con el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir» («Somos una nación y tenemos derecho a decidir») convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y respaldada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), mientras se estaba debatiendo en el Congreso de Diputados el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. «Ese día y por primera vez, de una manera descarada, el catalanismo salió a la calle para reclamar el derecho a decidir».

Una serie de obras publicadas en 2007 fueron poniendo los cimientos de la mutación ideológica del catalanismo político. En L’engany, Vicenç Villatoro advertía que el segundo tripartito presidido por José Montilla estaba aboliendo el «eje nacional» sustituyéndolo por el eje derecha-izquierda. En El preu de ser catalans, Patricia Gabancho dejaba claro en el subtítulo del libro lo que pretendía denunciar: Una cultura mil·lenària en vies d’extinció. Alfons López Tena, en Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia, defendía abiertamente la independencia como única vía para la supervivencia de Cataluña. También aparecieron artículos en la prensa como los de Ferran Mascarell en los que afirmaba que el reconocimiento del derecho a decidir era la única alternativa para evitar que Cataluña continuara «desdibujando su personalidad».