La crisis diplomática entre Panamá y Venezuela de 2014 hace referencia a las divergencias surgidas entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el gobierno panameño de Ricardo Martinelli, iniciado tras la serie de protestas realizadas por estudiantes y dirigentes opositores venezolanos iniciadas en febrero de 2014. El punto culminante de la crisis ocurrió el 5 de marzo, cuando en las celebraciones del primer aniversario del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, Maduro anunció públicamente el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá y acusó a Martinelli de ser un «lacayo rastrero» de Estados Unidos.
El rompimiento de relaciones puso al descubierto una serie de irregularidades denunciadas por el gobierno panameño entre ellos una deuda multimillonaria de Venezuela con la Zona Libre de Colón en Panamá e interferencia del presidente Maduro en el proceso electoral panameño de mayo de 2014, al apoyar al opositor Partido Revolucionario Democrático. Mientras, Panamá realizó acciones para dar voz a la oposición venezolana en la Organización de Estados Americanos (OEA) y respondió en términos duros las acusaciones del gobierno venezolano.
No obstante, la crisis tuvo un giro con la elección del opositor Juan Carlos Varela como presidente electo de Panamá el 4 de mayo, que motivó al gobierno de Maduro a comprometerse con Panamá en la normalización de las relaciones. Habiendo cesado las acusaciones entre Martinelli y Maduro, y a su vez el apoyo de Panamá a los grupos opositores venezolanos, el consulado en Panamá fue reabierto pocos días después, y el presidente electo Varela se comprometió con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, una vez que asumió al poder el 1 de julio, y ratificado por el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, quien visitó a la toma de posesión presidencial y dio fin a la crisis.
Antecedentes
thumb|220px|left|Marcha opositora venezolana en la ciudad de Caracas (12 de febrero de 2014). Las protestas en Venezuela —también llamadas por la oposición como 12F y La Salida— son una serie de manifestaciones contra el gobierno socialista de Venezuela presidido por Nicolás Maduro, iniciadas el 12 de febrero de 2014, convocadas por los líderes de la oposición venezolana María Corina Machado y Leopoldo López y organizadas en conjunto con movimientos estudiantiles. Se realizan en varias ciudades del país, y entre las motivaciones alegadas por los manifestantes opositores figuran el descontento ante la supuesta vulneración de los derechos civiles (una «suspensión de garantías»), la escasez crónica de productos básicos, los altos niveles de violencia delictiva y la presunta injerencia de Cuba y el castrismo en la política de Venezuela. Uno de los principales objetivos de las protestas dentro del movimiento estudiantil es el cambio de modelo político y económico y la renuncia del presidente Nicolás Maduro y de su gabinete.
A la par de las manifestaciones de oposición, el gobierno también convocó a marchas a su favor en Caracas y en otras ciudades. El Ejecutivo afirma que no se han suspendido garantías y que en Venezuela se vive el ejercicio pleno de las libertades civiles. El gobierno de Maduro identifica a los manifestantes y líderes opositores que, según el discurso oficial, promueven violencia y odio como «fascistas».
Hasta el momento, las manifestaciones y los disturbios dejaron un saldo de 21 fallecidos (incluyendo oficialistas, opositores, funcionarios de la guardia nacional y otros) y 261 heridos, según reporte de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal Venezolano (una organización de derechos humanos vinculada a la oposición) reporta 33 supuestos casos de tortura. Se ha reportado la comisión de actos vandálicos contra bienes públicos en medio de las manifestaciones, que el gobierno venezolano atribuye a opositores, así como la existencia de bandas armadas motorizadas o «colectivos», formadas supuestamente por simpatizantes del chavismo, que atacan a los manifestantes de la oposición y que habrían causado varias muertes y agresiones. El 21 de febrero el gobierno venezolano retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los canales internacionales NTN24 y CNN en Español, retractándose de su decisión el 22 de febrero con CNN, emitiendo nuevas credenciales para los periodistas de la cadena norteamericana. También se lo acusa de intentar bloquear Twitter.
Primeras reacciones de Panamá tras las protestas
En los primeros días del conflicto el canciller panameño, Francisco Álvarez de Soto, afirmó que a su gobierno «le preocupa la situación venezolana y entiende que es un proceso interno pero que Panamá hace votos por la paz, la tolerancia y el diálogo».
La opinión de Panamá sobre las protestas en Venezuela en generó un efecto en donde tanto el gobierno venezolano como el panameño llamaron recíprocamente a sus embajadores a consultas, y a continuación el canciller venezolano Elías Jaua acusó a su par panameño de «intromisión en asuntos internos»; escalando el asunto el 21 de febrero cuando el propio presidente Maduro acusó al presidente Martinelli de formar parte de la derecha latinoamericana, de actuar por parte del departamento de Estado de Estados Unidos y de dividir la región.
Martinelli respondió a Maduro que él no actúa bajo la presión de nadie y que no son enemigo del gobierno venezolano, pero que hace un llamado a la paz.
El 25 de febrero, Martinelli solicitó a la OEA una reunión de cancilleres para analizar situación en Venezuela.
Rompimiento de relaciones El 5 de marzo, el presidente Maduro anunció durante la ceremonia de aniversario de la muerte de Hugo Chávez el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá y acusó al presidente Martinelli de «lacayo rastrero». Ante estas declaraciones de Maduro, Martinelli escribió en su cuenta en Twitter que «sorprende decisión del Gobierno de Venezuela. Panamá solo anhela que ese hermano país encuentre la paz y fortalezca su democracia».
El gobierno panameño emitió un comunicado oficial señalando de "inaceptables las ofensas proferidas" por el presidente Maduro y que el lenguaje soez es impropio. También indica el comunicado que las medidas del gobierno venezolano "no deben constituirse una cortina de humo que pretende negar su propia realidad".
En igual sentido el vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, señaló que la medida de romper relaciones es "absurda" y que el deber de Panamá es el llamado al diálogo y a la paz social.
En una entrevista con el canal NTN24, el presidente Martinelli propuso que la única forma de entablar un diálogo nacional en Venezuela sería la liberación del dirigente Leopoldo López por Maduro, y declaró que el arresto de López fue "un error muy grande". De igual manera, el gobierno panameño ha publicado un comunicado que se ha estado transmitiendo a través de los medios de comunicación nacionales reflejando de manera contundente el repudio a las declaraciones del presidente Maduro considerándolo de "ataque" a Panamá, al presidente y a su gobierno, a su vez abogando por la paz y libertad en Venezuela, haciendo eco a la dictadura militar que sufrió Panamá entre 1968 y 1989.
Deuda venezolana en la Zona Libre de Colón thumb|240px|Negocios en la Zona Libre de Colón. La ruptura de relaciones entre Panamá y Venezuela dejó al relieve un trasfondo donde Venezuela mantiene una deuda empresarial de alrededor 2 mil millones de dólares con la Zona Libre de Colón en Panamá y que fue suspendida su revisión tras la ruptura. Dicha deuda ha dejado efectos de reducción o suspensión de ventas desde la zona franca, cayendo de un 30% en 2012 a un 10% del total de ventas actualmente.
Sin embargo, Maduro realzó que el propio presidente Martinelli estaba imponiendo "coimas" a los empresarios venezolanos, cobrando un 20% de las facturas para financiar la campaña electoral panameña; lo que el gobierno panameño respondió como acusaciones carentes de verdad y el presidente Martinelli tildó a Maduro de "inmaduro".
El 11 de marzo, el gerente general de la Zona Libre de Colón, acusó a empresarios venezolanos en complicidad del gobierno de inflar la deuda de la zona franca en perjuicio de la Zona Libre y de exportadores panameños. Agregó que dicha irregularidad ya era del conocimiento del gobierno venezolano desde octubre de 2013, y que la deuda fraudulenta asciende a 937 millones de dólares, de los cuales señaló al Cadivi, al Banco Central de Venezuela y al Seniat como los componentes gubernamentales tras la acción, respondiendo que las acusaciones de Maduro contra la deuda con Panamá son una "mentira".
El 19 de marzo, el ministro de Comercio de Panamá, Ricardo Qujano, presentó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) notas de protesta ante lo que denominó "medidas discriminatorias" de Venezuela y que por ello viola acuerdos internacionales, ya que Panamá no ha recibido ninguna nota escrita del gobierno venezolano, relativa al rompimiento de las relaciones comerciales. El canciller panameño, Álvarez de Soto, señaló que Panamá defenderá sus intereses comerciales ante instancias internacionales.
El 3 de abril, en el marco del IX Foro Económico Mundial sobre América Latina, Martinelli cuestionó duramente el sistema económico venezolano señalando que era impensable que un país como Venezuela "tenga el desgreño administrativo tan grande y se hayan dilapidado, robado los recursos del pueblo venezolano, (que) no haya ni papel higiénico..." A pesar de la ruptura comercial, Panamá descartó cualquier medida de retorsión contra Venezuela, y anunció que se abstendrían de medidas económicas y que esperarán que el próximo gobierno a elegir el 4 de mayo sea quien se encargue de ello, según el ministro de la Presidencia panameño, Roberto Henríquez.
Pedido de Panamá en la OEA para tratar protestas en Venezuela thumb|240px|Sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D. C.. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió en una sesión a puertas cerradas por dos días el 6 y 7 de marzo sobre la situación en Venezuela a pedido de Panamá, dando como resultado por amplia mayoría la continuación del proceso de diálogo nacional propuesto por el gobierno venezolano y descartando una reunión entre cancilleres (propuesto por Panamá) y hacer informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación de Venezuela (propuesto por Perú). En la declaración final, aprobado por 29 países y con el rechazo de Canadá, Estados Unidos y Panamá, expresa las condolencias por las víctimas de las protestas, pide el avance en las investigaciones, llama al rechazo de la violencia y a hacer respetar los derechos humanos; y además pide el "respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados".
Gestiones a favor de la oposición venezolana El 10 de marzo, el embajador de Panamá ante la OEA Arturo Vallarino planteó la invitación de dirigentes opositores venezolanos a la sesión de Consejo Permanente como la diputada María Corina, a Henrique Capriles, a Antonio Ledezma, a gremios y dirigentes estudiantiles como una forma de conocer la situación de Venezuela. El embajador panameño planteó que esta medida tiene el aval del presidente Martinelli y que están conscientes del costo que conllevaría esta acción.
El 13 de marzo, el presidente Martinelli anunció que recibiría en el palacio presidencial en Ciudad de Panamá a la diputada María Corina Machado, para realizar el pedido de Panamá de que se escuche a dirigentes opositores en la OEA, lo que ha generado reacciones de parte del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Caballero, acusando a Martinelli de "lacayo" de los Estados Unidos.