Leopoldo Alejandro Betancourt López (Caracas, Venezuela; 22 de febrero de 1980) es un empresario venezolano propietario del grupo de inversión O'Hara Administration, presidente de Derwick Associates y Hawkers. También miembro de la junta directiva de Pacific Energy and Exploration Corp.
Tanto el papel de Betancourt como fundador de Derwick Associates como su actividad en Venezuela ha sido sujeto de investigaciones periodísticas y judiciales.
En 2025 agentes policiales registraron dos de sus propiedades en España con la orden de detenerlo, sin poder encontrarlo en su vivienda.
En 2026 regresó a Venezuela para asesorar al gobierno venezolano sobre la reactivación del sector petrolero en el país.
Carrera Alejandro Betancourt cuenta con una licenciatura en Económicas y Administración de Empresas por la Suffolk University, Estados Unidosy un MBA de la Universidad de Oxford. Inició trabajando en una compañía en el sector energético y en la explotación, producción y comercio del petróleo, en ella, desempeñó el cargo de gerente comercial. Posteriormente trabajó en BGB Energy, empresa que estuvo encargada de representar, en joint venture con la antigua GESCA GAS en Venezuela, a la corporación internacional Kawasaki Heavy Industries. Como ejecutivo de BGB Energy participó en el Proyecto de interconexión Centro Occidente (ICO) de Venezuela desarrollado por PDVSA y también en la planificación de un taller para empaquetamiento de equipos relacionados con la generación eléctrica.
En junio de 2015 el grupo financiero BDK Financial Group, del cual Alejandro Betancourt es accionista, inauguró la sede del Banque de Dakar en Senegal. El holding financiero se enfoca en ofrecer servicios bancarios en la región de África francófona y en marzo de 2016 ha nombrado a Alfredo Sáenz Abad presidente del banco.
El 22 de julio de 2026 regresó a Venezuela para asesorar al gobierno de Delcy Rodríguez sobre la reactivación del sector petrolero en el país.
Derwick
En 2009 fue cofundador junto a su primo Pedro Trebbau de Derwick Associates Corp., empresa venezolana dedicada al sector energético. La empresa obtuvo once contratos para la construcción de plantas termoeléctricas en menos de un año; cinco de los contratos otorgados por Electricidad de Caracas (que en diciembre de 2011 pasó a formar parte de Corpoelec), cinco de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA, negociados con Bariven, una división de PDVSA), y uno por Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
En diciembre de 2013, Corpoelec, la empresa eléctrica nacional de Venezuela, comenzó la instalación de cinco centrales eléctricas por Derwick.Estas plantas operan al 10% de la capacidad acordada. Castillo en Toledo En 2012 adquiró una finca de caza de unas 1.600 hectáreas en una subasta por un valor de 22 millones de euros, cononocida como la «Finca El Alamín», ubicada al sur de Madrid, expropiada al español Gerardo Díaz Ferrán, en Toledo, España, donde se encuentra un castillo andaluz del , está registrada a nombre de la "Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste S.L." propiedad de Alejandro Betancourt, constituida en enero de 2011.
O’Hara Administration En mayo de 2015, O’Hara Administration, un grupo internacional de inversores con sede en Panamá, liderado por Alejandro Betancourt, se convirtió en parte del grupo de accionistas de la empresa petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy controlando el 19,5 % de sus acciones. A finales de agosto de 2015 Alejandro Betancourt pasó a formar parte de la junta directiva de la petrolera, empresa que administraba algunos de los campos petroleros más grandes de Colombia.
En agosto de 2016, O’Hara, que controlaba el 19,95 % de las acciones, junto con el inversor mexicano Fernando Chico Pardo presentaron una oferta de restructuración de la deuda de Pacific por valor de $575 millones, con el nuevo nombre de la empresa Pacific Exploration and Production Corp que reflejaba un enfoque más amplio de la petrolera en América Latina. Sin embargo debido a la baja de los precios del petróleo, la empresa fue vendida a otro grupo y esto originó pérdidas a Betancourt.
Hawkers En octubre de 2016 O’Hara junto con los fundadores de la red social Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo financiaron por valor de 50 millones de euros a la empresa española Hawkers. En noviembre de 2016, Hawkers reorganizó su cúpula directiva y nombró presidente a Betancourt.
Auro Betancourt respaldó como accionista de referencia la fundación de la empresa VTC Auro New Transport. En noviembre de 2022, Uber y Cabify presentaron ofertas en torno a 200millones de euros para su adquisición.
North American Blue Energy Partners Betancourt controla North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda empresa petrolera privada más grande de Venezuela para 2026. En los dos años anteriores NABEP aumentó su producción de 18 000 barriles por día a casi 200 000 barriles diarios, Betancourt se había convertido en un intermediario clave entre Estados Unidos y Venezuela, ayudando a negociar los primeros contratos para reiniciar la producción petrolera en el país.
El 28 de agosto de 2026, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo en virtud del cual Estados Unidos adquiriría una participación mayoritaria en una empresa conjunta que poseía contratos a largo plazo sobre una parte de las reservas petroleras de Venezuela. Según The Washington Post, NABEP sería el principal participante privado venezolano en el acuerdo. El periódico también informó que funcionarios de Estados Unidos habían ejercido presión durante 2026 para resolver la investigación suiza por lavado de dinero en contra de Betancourt de manera que se evitaran cargos penales y se levantaran las restricciones de viaje en su contra, que Estados Unidos no había dado curso a una orden de aprehensión suiza en su contra y que se le había permitido ingresar al país en repetidas ocasiones para reunirse con la administración de Trump.
Investigaciones
Investigación en Venezuela Derwick fue acusada por varios medios de haber obtenido contratos de generación eléctrica durante la emergencia energética de 2009 sin un proceso competitivo de licitación, lo que generó dudas sobre la transparencia de las adjudicaciones y posibles sobrecostes. El ingeniero José Aguilar, citado en la prensa, sostuvo que hubo sobreprecios, mientras que un estudio de la Universidad Simón Bolívar sobre la “generación contratada durante la crisis eléctrica” indicó que las tarifas pagadas a Derwick estuvieron entre las más bajas de los 26 contratistas analizados. Investigaciones de medios internacionales como Reuters, Transparencia Venezuela, y la Asamblea Nacional de Venezuela coinciden en que hubo sobreprecios en las ventas.Ante estos señalamientos, el Ministerio Público abrió una investigación contra la empresa y sus directivos. En respuesta a las críticas por el posible uso de turbinas usadas, Derwick afirmó que aproximadamente el 20% de las unidades instaladas eran equipos reacondicionados, "llevados a cero horas" según contrato. La investigación concluyó con la solicitud de sobreseimiento por parte de la fiscal 56, y el caso fue finalmente desestimado.
En 2016, una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela investigó la escasez de electricidad en Venezuela y, entre otras conclusiones, determinó en su informe de 2017 que Derwick le cobró al gobierno el triple de lo que debía, especialmente al inflar el costo de las turbinas. El informe, que analizó el costo de 1.51 mil millones de dólares de ocho de los 12 proyectos de Derwick, señaló que el valor justo de mercado debió haber sido de 551 millones de dólares.
Demandas por difamación En julio de 2013, el ex-embajador de Estados Unidos en Venezuela Otto Reich presentó una demanda civil en la Corte Federal de Nueva York, alegando que Betancourt y sus socios en Derwick, le habían difamado y causado pérdidas en su negocio.Entendiendo la demanda de Otto Reich.Demanda original en inglés. La demanda contra Betancourt fue desestimada por el juez en abril de 2015. Betancourt mantuvo reuniones previas con el juez encargado Rudy Giuliani en España para detener la demanda en su contra.
En marzo del 2014, el abogado de derechos humanos Thor Halvorssen Mendoza demanda a Alejandro Betancourt López, y a sus socios por haberle difamado y dañado su reputación. Halvorssen alega que Betancourt y otros directivos de Derwick pagaron un soborno de 50 000 000 de dólares a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.27 de marzo de 2014. Miami Herald. Joe DeMaria, el abogado de Derwick, manifestó que las acusaciones de Halvorssen son absolutamente falsas. Adicionalmente, el banco implicado que presuntamente había recibido el pago, Banesco en Panamá, también negó la acusación.29 de marzo de 2014. El Nuevo Herald. En julio de 2015, el juez desestimó la demanda por falta de pruebas.
En mayo de 2018, Halvorssen presentó una nueva demanda por daños y perjuicios contra Betancourt y otros socios por conspirar para difamarle. La demanda fue desestimada el 10 de septiembre de 2019 por falta de pruebas. Desde 2018, Francisco Convit, primo de Betancourt, está acusado de enriquecerse con un esquema de préstamos a PDVSA. En la investigación se cita un alias, identificado por diversas fuentes como Betancourt, que presuntamente habría recibido una transferencia de Convit, pero este no se encuentra acusado, pues según la investigación, no hay ninguna prueba de que participase en la presunta trama o conociese la procedencia de los fondos. El abogado Alejandro Rebolledo ha señalado a Betancourt como parte de un grupo de «empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro».
Money Flight miniaturadeimagen|300x300px|Declaraciones en rueda de prensa del Ministro del Petróleo Tareck El Aissami, 2020. En agosto de 2020, huyendo de Venezuela hacia Colombia, se entrega voluntariamente en Miami. El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, exasesor de Petróleos de Venezuela (PDVSA), redactó los contratos de los préstamos y desenreda parte del caso de corrupción en PDVSA conocido como Money Flight y explica la participación Francisco Convit «Conspirador 1» y del anónimo «Conspirador 2» en los dos casos de 2012 y 2014, ambos solicitados por la justicia de Miami. Urdaneta pasó a ser testigo clave de la justicia estadounidense y fue sentenciado a cuatro años de prisión. El abogado legal de Miami, Jon Sale, negó la participación de su defendido Alejandro Betancourt en el esquema y afirmó que su cliente no infringió ninguna ley estadounidense. El caso quedó abierto por varios años. Sin embargo, en septiembre de 2026 los fiscales federales de Miami cerraron la investigación sobre Betancourt supuestamente por órdenes de la oficina del entonces vicesecretario de Justicia Todd Blanche para que colaborara con Estados Unidos en el acuerdo petrolero con Venezuela.
Investigación en España y en Suiza En 2025, Betancourt fue investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de España en el marco de una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada a fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El caso se originó a partir de una solicitud de asistencia judicial enviada por la fiscalía de Zúrich en septiembre de 2024. El 17 de junio de 2025, la Fiscalía interpuso una querella contra seis empresarios venezolanos, entre ellos Betancourt.